Bibliotecas integradas o de doble uso, la última oportunidad

Joint-use libraries, the last opportunity

Pablo Parra Valero

pablo.parra@ucm.e

Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Ciencias de la Documentación

Resumen

Se realiza un recorrido histórico del modelo de bibliotecas integradas o de doble uso (públicas-escolares) en España y se analiza la evolución de esta fórmula cooperativa desde su primera plasmación en 1869 durante el Sexenio Revolucionario hasta el momento actual. Planteadas como bibliotecas ubicadas en escuelas que también realizan la función de públicas y están abiertas a todos los vecinos esta propuesta alcanzó su máximo esplendor durante el periodo de las Misiones Pedagógicas en la Segunda República en el que participó de manera destacada María Moliner. Tradicionalmente asociadas a tiempos de crisis, la creación del Grupo de Trabajo para el Plan de Especial Atención al Mundo Rural del Consejo de Cooperación Bibliotecaria perteneciente al Ministerio de Cultura y Deporte, ha abierto una posibilidad de desarrollar esta propuesta como una nueva forma de gestión para el establecimiento de nuevos servicios bibliotecarios rurales optimizando las bibliotecas de los centros educativos.

Palabras clave

Bibliotecas escolares; bibliotecas de doble uso; bibliotecas integradas; cooperación bibliotecaria

Abstract

A historical overview of the model of joint-use libraries in Spain and the evolution of this cooperation between schools and libraries is analyzed from the first case detected in 1869 during Sixth Revolutionary to the present moment. Raised as libraries located in schools that also perform the function of public schools and are open to all people, this proposal reached its maximum splendor during the period of the Pedagogical Missions, an innovative, educational, and social intervention during the Second Spanish Republic in which María Moliner participated prominently. Traditionally associated with times of crisis, the creation of the Working Group for the Plan of Special Attention to the Rural World of the Library Cooperation Council, composed of librarians from different autonomous regions and the Ministry of Culture and Sports of Spain), has opened up the possibility of developing this proposal as a new form of management for the establishment of new rural library services to optimize the school libraries.

Keywords

School libraries, joint-use libraries; combined libraries; library cooperation;

 

1. Introducción

El modelo de biblioteca integrada o biblioteca de doble uso (joint use library) funciona con éxito en distintos países del mundo desde mediados del siglo XIX. Según define la propia American Library Association (ALA), la biblioteca integrada es una forma especial de cooperación entre bibliotecas, en la que dos proveedores de servicios bibliotecarios usan de modo separado el mismo edificio para atender a sus propios usuarios. Una de las variantes más habituales de esta propuesta es el empleo de la biblioteca del centro educativo como biblioteca escolar y pública al mismo tiempo. Incluso, durante mucho tiempo las bibliotecas joint-use se orientaron exclusivamente a zonas rurales y pequeñas comunidades, pero hoy cada vez encontramos más ejemplos en grandes ciudades, derivados de la unión entre bibliotecas públicas y bibliotecas universitarias. En España por diversas circunstancias este modelo no termina de cuajar, salvo raras excepciones (Autor 2018), sin embargo, cada vez que surge un periodo de crisis su formulación toma cierto impulso. Esto es así desde la primera vinculación entre bibliotecas públicas y escuela en el año 1847.

2. Siglo XIX: Las primeras tentativas

En plena crisis financiera internacional, se promulgó el Real Decreto de 23 de septiembre de 1847 sobre medidas de impulso a la Instrucción primaria, que incluía la creación de unas academias de profesores en cada capital de provincia. De acuerdo con el artículo 54, los ayuntamientos y la comisión superior debían forman bibliotecas populares, las cuales estarían a cargo de los maestros que la comisión designe y abiertas a disposición del público por las noches o en los días festivos. Sin embargo, la muerte de Pablo Montesino, consejero del ministro y pedagogo que había insistido en la necesidad de la lectura para la mejora de la enseñanza; unida a “la reacción conservadora, que hizo desaparecer la Dirección General de Instrucción Pública, incorporando la educación al clerical Ministerio de Gracia y Justicia, impidieron que se pudiera llevar a cabo los planes sobre creación de bibliotecas populares” (Gómez Hernández 1993).

Dos décadas después, la crisis económica española de principios de 1866 derivó en la Revolución de 1868 que puso fin al reinado de Isabel II. El cambio de régimen provocó una importante reacción popular en todos los ámbitos, iniciándose un nuevo periodo de promoción de la educación y de la cultura (Espinilla-Herrarte, et al. 2003). Al poco tiempo, el ministro de Fomento Ruiz Zorrilla estableció mediante Decreto-ley de 18 de enero de 1869, un programa que trataba la existencia de bibliotecas populares, dirigidas a la clase social más baja que vivía en los pueblos, en las escuelas de enseñanza primaria, cuyos libros debían entregarse al presidente del ayuntamiento y al profesor de la localidad correspondiente. Además, el artículo 24 contemplaba como en el caso de no contar la escuela con espacio suficiente, “se depositarán los libros en la Casa-ayuntamiento o en otro sitio que creyeren conveniente y de común acuerdo el Alcalde y el Maestro” (Espinilla-Herrarte 2003). Posteriormente, se dictó la Orden del 18 de septiembre de 1869 firmada por José Echegaray en la que se informa sobre la organización de un total de 20 bibliotecas populares, dos en cada distrito universitario: Barcelona, Granada, Madrid, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Según la citada disposición, el sostenimiento y conservación de estas bibliotecas populares correspondía a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos. Estas bibliotecas ubicadas en escuelas de instrucción primaria pueden ser consideradas como las primeras bibliotecas integradas o de doble uso en España, ya que surgieron con el objetivo de ser una ayuda pedagógica para completar el currículum base de los alumnos de primera enseñanza, pero también para proporcionar acceso a los fondos a cualquier ciudadano en general (Espinilla-Herrarte, et al. 2003).

Otra Orden del 28 de septiembre regulaba la instalación, régimen y funcionamiento de estos establecimientos y ampliaba su creación de cien a ciento cincuenta antes de finalizar el año. Las bibliotecas eran solicitadas por los ayuntamientos, los maestros o por algunos diputados, pero debido a las numerosas peticiones, se concedieron preferentemente a los pueblos que contaban con más recursos para la instalación y la encuadernación de los libros remitidos en rústica. Así, por ejemplo, en Cervera (Lérida) realizaron obras en la escuela para establecer la biblioteca, y en Manguilla (Badajoz) se decidió la construcción de una nueva escuela con local apropiado para situar la biblioteca popular (Martínez-Rus 2001). En el curso 1869-1870, el número de esta tipología de bibliotecas se incrementó, creándose 93 pequeñas bibliotecas cuyos fondos oscilaban entre los 150 y 200 libros, la mayoría de tipo instructivo (Faus- Sevilla 1990).

Pese al aparente éxito inicial, con el tiempo el proyecto se fue desvirtuando y su incidencia fue escasa. Creadas como instrumento de incorporación de las clases trabajadoras al programa de regeneración social del progresismo liberal y reformista, la suerte de las bibliotecas populares estaba ligada a la ideología de los grupos que la promovían por lo que la Restauración cercenó su difusión y operatividad (Viñao-Frago 1990).

3. Siglo XX: El gran proyecto perdido

La llegada de la Segunda República trajo nuevas esperanzas. Al comiendo de este periodo apenas existían bibliotecas en España, salvo en dos regiones Cataluña, con dos bibliotecas creadas por la Mancomunidad (la Biblioteca de Cataluña y la Escola de Bibliotecaries primera escuela universitaria para la enseñanza de la Biblioteconomía); y Asturias, cuyas bibliotecas no fueron creadas por la Administración sino por colectivos de trabajadores, sindicatos, ateneos y casas del pueblo, asociaciones y entidades de carácter social o por grupos de estudiantes universitarios como fue el caso de la centenaria Biblioteca Popular Circulante de Castropol (Gimeno-Perelló 2017).

El Decreto de 7 de agosto de 1931 dispuso que toda escuela primaria debía poseer una biblioteca abierta y gratuita para todas las edades y bajo la tutela del maestro. La administración de la misma correspondía al Consejo Local de Primera Enseñanza, que redactaría un reglamento, aprobaría su presupuesto, organizaría lecturas públicas y conferencias, y celebraría fiestas y colectas. Estas bibliotecas se instalaron en localidades rurales de menos de 5.000 habitantes donde residía más del 40% de la población española. Durante la jornada laboral estaban al servicio de los escolares y como complemento de la docencia y, una vez terminadas las tareas en el campo, se abrían para que el resto de los vecinos pudiese consultar las obras en la escuela o llevárselas a casa en préstamo (Boza-Puerta, Sánchez-Herrador 2004).

“Una Escuela no es completa si no tiene la cantina y el ropero que el alumno necesita; no es tampoco si carece de la biblioteca para el niño, y aún para el adulto, y aún para el hombre necesitado de leer. Empieza España a tener las Escuelas que le faltaba; las tendrá en breve. De lo que carece casi absolutamente es de bibliotecas, de pequeñas bibliotecas rurales que despierten, viéndolas el amor y el afán al libro; que hagan el libro asequible y deseable, que lo lleven fácilmente a todas las manos. Una biblioteca atendida, cuidada, puede ser un instrumento de cultura tan eficaz que la Escuela” (Martínez Rus 2001).

Para canalizar todo, el Gobierno acudió al recién creado Patronato de Misiones Pedagógicas y a la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para bibliotecas públicas. En 1933 María Moliner fue nombrada vicepresidenta de Misiones Pedagógicas en Valencia y entre los años 1935 y 1936 recorrió las 115 bibliotecas establecidas en los consejos locales de la delegación valenciana. Gracias a la experiencia acumulada, comprendió que la escuela no siempre era el lugar adecuado para instalar los libros, ni el maestro “el bibliotecario celoso y eficaz que sería de desear”. En los casos de claro abandono de la escuela, Moliner montaba la biblioteca en un local más accesible, pero no utilizaba esta medida a rajatabla para salvar la colaboración con el maestro y evitar tensiones entre Misiones Pedagógicas y los organismos de primera enseñanza (De la Fuente 2018).

Por otro lado, en los informes de inspección María Moliner señalaba que muchas bibliotecas eran sólo usadas por los escolares, puesto que la mayoría del vecindario ignoraba su existencia o no quería utilizarla. Junto a ello, había otros inconvenientes o dificultades derivados del carácter mixto de las mismas como la supeditación de la vida de la biblioteca a los cambios de maestro o a los cambios políticos, la entrega inadecuada de libros a menores y la duplicidad de funciones (Martínez-Rus 2010).

Para salvar este problema, María Moliner propuso la creación de tres tipos de bibliotecas: escolares, rurales infantiles y mixtas. En los tres casos debía insistirse en el carácter público de la biblioteca, colocando un gran cartel para el conocimiento de los interesados. Las bibliotecas escolares, ubicadas exclusivamente en escuelas, estarían compuestas por lecturas infantiles y en ellas se daría más importancia a la parte de libros para uso del maestro. Las rurales con sección infantil tendrían una composición semejante a las bibliotecas del momento y estarían destinadas a instalarse en lugares distintos de las escuelas. Finalmente, las bibliotecas mixtas serían una síntesis de los dos tipos anteriores, por lo que gozarían de un mayor número de volúmenes y de maestros que expresamente manifestaran su gusto por hacerse cargo de una biblioteca cuyo radio de acción se habría de extender a toda la población (Moliner 2005).

Esta forma de actuar refleja como Moliner comprendió mejor que nadie la flexibilidad del modelo de biblioteca integrada o de doble uso, anticipándose medio siglo a la célebre declaración de la Australian Library and Information Association (ALIA) adoptada en 1986^[1], que considera que una biblioteca joint-use solo es recomendable si se iguala o mejora el nivel de servicio que se daría utilizando instalaciones por separado.

Basándose en su experiencia en la región valenciana, la idea de María Moliner, que ya en plena Guerra Civil había asumido responsabilidades importantes para la política bibliotecaria del Gobierno de la Segunda República, quedó plasmada en una propuesta que presentó por iniciativa propia en 1937 a la Sección de Bibliotecas del Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico: el Proyecto de bases de un plan de organización general de bibliotecas del Estado (Martín-Zorraquino 2010). También conocido como Plan de Bibliotecas de María Moliner, el proyecto fue publicado en Valencia a principios de 1939 por la Oficina de Adquisición de Libros y Cambio Internacional y ha sido considerada como el mejor plan de organización bibliotecaria en España (Faus-Sevilla 1990).

El documento define los diferentes tipos de bibliotecas (generales, escolares, científicas, históricas, administrativas, especiales y particulares), así como los órganos centrales para coordinar y simplificar los trabajos técnicos de todas ellas. En el apartado dedicado a las bibliotecas escolares, Moliner establecía que las bibliotecas escolares fuesen de uso exclusivo de la escuela, salvo en las localidades de menos de 1.000 habitantes, donde podrán fundirse en una las bibliotecas rurales y escolares y ser servidas por el maestro. Añadiendo que, si por el escaso número de habitantes tuvieran que estar unidas a las rurales, lo hicieran "en forma tal que sea siempre posible volver a separar ambos tipos de biblioteca si un cambio de maestro o cualquier otra circunstancia lo aconsejase así" (Faus-Sevilla 1990). Desafortunadamente, “este magno proyecto bibliotecario” tuvo una corta vida, que se vio interrumpida, antes que por el triunfo de Franco, por una nueva reestructuración del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad, en la que no se le dio cabida (Gómez Hernández 2003).

[1] Disponible en: https://read.alia.org.au/sites/default/files/documents/joint-use_libraries_2019.pdf [Consulta: 3 junio 2022]

4. Siglo XXI: La llegada de los proyectos autonómicos de bibliotecas de doble uso

En 1993 España sufrió la peor recesión económica registrada en los últimos treinta años. Tres años más tarde, la Comunidad Valenciana puso en marcha el programa REDLIB-1 con el objetivo de extender el servicio de biblioteca pública a municipios de menos de 2.000 habitantes. El proyecto se basaba en el aprovechamiento de las infraestructuras municipales existentes para la ubicación de bibliotecas de doble uso (públicas y escolares) en los centros educativos, y prestar servicio a los estudiantes durante el horario lectivo y a todos los ciudadanos el resto del día.

El experimento se inició en los colegios de Casas Bajas (Valencia), Sella (Alicante) y Cervera del Maestre (Castellón) donde la iniciativa fue un éxito, aportando la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Comunidad Valenciana el mobiliario específico y un lote bibliográfico inicial de 2.000 volúmenes, diseñado para atender tanto las necesidades del centro de enseñanza como las demandas de los ciudadanos. Las bibliotecas del programa debían ser atendidas por un profesor durante el horario lectivo y por una persona contratada por el ayuntamiento correspondiente el resto de la jornada. Además, al quedar incluidas en la Red de Bibliotecas de la Generalitat Valenciana, recibían mensualmente lotes de novedades bibliográficas y anualmente el material técnico necesario para su funcionamiento.

En un primer momento, la iniciativa fue un éxito por lo que se extendió a un total de 28 centros, pero después de unos años de vida, una decena de bibliotecas dejó de funcionar y el número de bibliotecas fue reduciéndose por diversos motivos, como la débil demografía de las poblaciones seleccionadas, el propio cierre de las escuelas o su funcionamiento únicamente como biblioteca escolar (Ortells-Montón, et al. 2004). La construcción de una nueva biblioteca pública o el traslado de la instalación a otra dependencia lejos del colegio también han contribuido a que actualmente solo permanezcan cuatro casos de bibliotecas escolares públicas en poblaciones que no sobrepasan los 700 habitantes: una en la provincia de Valencia (La Granja de la Costera) y tres en la provincia de Alicante (Daya Nueva, Sanet y Negrals, y Sella, una de las tres primeras del programa). No obstante, fuera del horario lectivo, estas bibliotecas escolares públicas funcionan prácticamente como salas de estudio y se alejan mucho del espíritu original.

Más ambiciosa que la anterior, fue la propuesta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que, en el año 2004 inició un proyecto de cooperación para aunar esfuerzos y recursos entre bibliotecas públicas y escolares. El resultado fue la creación y consolidación de un modelo propio de servicio bibliotecario escolar cuyos recursos son, a su vez, aprovechados por el conjunto de los ciudadanos de las zonas donde estén enclavadas. Surgió desde el ámbito de las bibliotecas públicas (Arroyo-Ortega 2015) bajo la denominación de biblioteca de doble uso, entendida como un centro bibliotecario situado dentro de un colegio y que presta sus servicios tanto a la comunidad integrante del mismo como al conjunto de la población de la localidad en que está inscrita, supliendo o complementando los servicios bibliotecarios públicos existentes.

Según Membrillo-Marco y Lorenzo-Jiménez (2008) el objetivo de estas bibliotecas que abrían al público en general tras la jornada lectiva era ofrecer un servicio bibliotecario para toda la comunidad y facilitar la asimilación de la biblioteca en el centro educativo. Para los centros educativos, las bibliotecas de doble uso suponían el establecimiento de centros de recursos de aprendizaje con el desarrollo de un patrón pedagógico, que incluía la integración de las nuevas tecnologías en el currículo y fomentar la autonomía del alumno en la búsqueda de la información, la evaluación de las fuentes y el desarrollo de la práctica de lectura crítica. Asimismo, las bibliotecas de doble uso permitían un mejor aprovechamiento de los recursos y una mayor productividad de los servicios prestados ya que muchos de ellos (préstamo, consulta en sala, acceso a recursos electrónicos, programación de actividades culturales y de formación) podían ser planificados de forma conjunta. Para ello, el principal valor del proyecto radicaba en la contratación de un técnico bibliotecario (Grupo B) con una jornada de 35 horas.

En la primera fase (curso 2007-2008) se seleccionaron municipios mayores de 20.000 habitantes, uno por provincia, con una sola biblioteca pública en los que existían núcleos de población o barrios a los que no llegaba el servicio bibliotecario en condiciones óptima, mientras que en la segunda (curso 2008-2009) se eligieron localidades de menos de 1.500 habitantes con bibliotecas poco estables o en las que no hubiese servicio bibliotecario.

En esta ocasión, el proyecto no surgió como consecuencia de ningún periodo de crisis y si de una necesidad fundamentada en un estudio regional previo para integrar la biblioteca escolar en los proyectos educativos de los centros (Ortiz-Repiso, Camacho-Espinosa 2005) y en una propuesta concreta de aprovechamiento de recursos mediante este tipo de bibliotecas de doble uso ya (Camacho Espinosa, Ortiz-Repiso 2004) ya reclamada desde la década anterior (Marlasca-Gutiérrez 1995).

Pese a ello, la gran crisis económica mundial iniciada en 2008, trajo a España unas políticas de austeridad y recortes que hizo tambalear al proyecto. En 2009 la biblioteca de doble uso del Colegio Público Dulcinea del Toboso en Cinco Casas, pedanía de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) tuvo que cerrar debido a la imposibilidad de mantener el convenio por parte del ayuntamiento de la localidad. Para más inri, el plan de recorte del nuevo gobierno regional de Castilla-La Mancha, propició que las bibliotecas de doble uso de Cuenca y Villarrobledo (Albacete) no renovaran el convenio en 2011 y que las dos bibliotecas de doble uso de Talavera de la Reina dejaran de funcionar durante poco más de un año debido a la deuda acumulada en concepto de mantenimiento de las instalaciones.

Tras un periodo de incertidumbre, los ayuntamientos de Quer (Guadalajara), Burujón (Toledo) y Talavera de la Reina (Toledo) decidieron continuar con sus bibliotecas de doble uso asumiendo su funcionamiento casi de manera íntegra, pero, a fecha de hoy, solo funcionan como tal las dos bibliotecas de Talavera de la Reina: la Biblioteca de Doble Uso Santa María, ubicada en el Colegio Público Santa María y la Biblioteca de Doble Uso Federico García Lorca, situada en el Colegio Público del Barrio de Patrocinio. De hecho, así figuran en el Directorio de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha 2022^[2]. Por el contrario, en las localidades de Quer (Guadalajara) y Burujón (Toledo), pese a que las bibliotecas siguen estando en edificio del colegio público, son consideradas únicamente como bibliotecas públicas municipales. 

[2] Disponible en: https://datosabiertos.castillalamancha.es/dataset/directorio-de-bibliotecas-de-castilla-la-mancha/resource/ac84a84a-bfa4-4272-941d [Consulta: 3 junio 2022]

5. Ahora o nunca

Más allá del impulso que siempre supone la existencia de otras iniciativas municipales de bibliotecas integradas o de doble uso como, por ejemplo, las ocho bibliotecas de barrio de Collado Villalba (Madrid), con más de dos décadas de funcionamiento, o las siete instalaciones de Lorca (Murcia), ubicadas tanto en el núcleo urbano como en las pedanías; en el mes de diciembre de 2020 surgió una nueva oportunidad en pos de extender esta fórmula de cooperación bibliotecaria. La presentación en noviembre de 2019 del Grupo de Trabajo para el Plan de Especial Atención al Mundo Rural del Consejo de Cooperación Bibliotecaria ha supuesto un acicate para este modelo de biblioteca. Entre los objetivos del grupo figuran el ofrecer un servicio bibliotecario de calidad básico que garantice el acceso a las colecciones y la realización de actividades en áreas rurales, impulsar los servicios públicos en aquellas zonas rurales y ciudades pequeñas que sufren de envejecimiento y despoblación y fomentar las alianzas entre administraciones, instituciones y entidades.

A partir de los trabajos realizados y que confluyen en el Informe 2020^[3] que repasa los principales elementos que intervienen en la actual realidad del medio rural y sus bibliotecas (despoblación alarmante y bibliotecas con gran variedad de situaciones), se extrajeron una serie de conclusiones, una de las cuales “defiende la necesidad de profundizar en nuevas formas de gestión bibliotecaria en municipios de menos de 2.000 habitantes, como las propias de las mancomunidades municipales de servicios, ya veteranas en nuestros pueblos para otros tipos de prestaciones; o el desarrollo de bibliotecas de doble uso, publicas-escolares, para la optimización de las bibliotecas de los centros educativos allí donde existan”.

En el último informe^[4] del Grupo de Trabajo para el Plan de Especial Atención al Mundo Rural, correspondiente al año 2021, se hace alusión al artículo 113, apartados 4 y 5, de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre que indica que la organización de las bibliotecas escolares deberá permitir que funcionen como un espacio abierto a la comunidad educativa y para ello los centros escolares también podrán llegar a acuerdos con los municipios respectivos para el uso de las bibliotecas municipales con las finalidades previstas en este artículo. Dado que ya existen bibliotecas escolares de doble uso, se propone impulsar su funcionamiento en aquellas zonas donde no existe una biblioteca pública. De igual forma, como hay administraciones locales y educativas que colaboran para que la biblioteca escolar y la biblioteca pública compartan el mismo espacio físico, sería una opción más que esta práctica se extendiera, sobre todo, en aquellas poblaciones donde no hay servicios de biblioteca pública.

A diferencia de todos los anteriores intentos y proyectos puestos en marcha para el establecimiento de creación de bibliotecas integradas o de doble uso en España, que han sido impulsados a partir de iniciativas particulares o políticas nacionales, regionales o locales, la esperanza en que esta nueva oportunidad otorgue un impulso definitivo al modelo joint-use radica en dos cuestiones. La primera es la entrada en escena del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, órgano colegiado de composición administrativa que canaliza la cooperación bibliotecaria entres las administraciones públicas y que desde el año 2013 se encarga de trazar los planes estratégicos y los objetivos comunes a alcanzar para el buen funcionamiento de todas las bibliotecas que forman parte del Sistema Español de Bibliotecas.

La segunda es el aval que supone el tener un grupo de trabajo para ello. Si bien no se dedica de forma exclusiva al tema, la experiencia de la labor desempeñada por todos y cada uno de los grupos de trabajo de diversas temáticas y tipologías (estables, estratégicos y cerrados) del Consejo de Cooperación Bibliotecaria a lo largo de su existencia, hacen pensar en que la aportación va a ser positiva y definitiva para el futuro del modelo en nuestro país, en un sentido u otro. El Grupo de Trabajo para el Plan de Especial Atención al Mundo Rural, es un grupo mixto adscrito a las Comisión Técnicas de Cooperación de Bibliotecas Públicas y Comisión Técnicas de Cooperación de Bibliotecas Escolares con la colaboración de la Comisión Asesora de Igualdad y Bibliotecas. Bajo la coordinación de Roberto Soto, Jefe de Sección de Coordinación de Bibliotecas en Diputación de León y Presidente de la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM), el grupo está compuesto por participantes que representan a la Federación Española de Municipios y Provincias y a las bibliotecas escolares y a las bibliotecas públicas de distintas comunidades autónomas, algunos de los cuales han sido partícipes e impulsores de proyectos de bibliotecas integradas o de doble uso.

Por último, cabe destacar el papel que las asociaciones profesionales también están empezando a desempeñar a favor de su implementación y progreso, hecho que en los países donde existen más bibliotecas de esta tipología (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda, etc.) es un factor determinante. En el reciente Informe FESABID presentado en el mes de marzo en el Senado donde se revisa el marco legal que regula y define los servicios bibliotecarios en España, se menciona el anuncio en septiembre de 2018 del Gobierno de Aragón de impulsar el modelo de biblioteca de doble uso:

“Es obvio, sin embargo, que para la existencia de bibliotecas de doble uso, deben existir centros docentes así como personal (al menos mínimamente formado), que se ocupe de su gestión; y esta circunstancia limita mucho el posible alcance tanto en Aragón como en cualquier otro territorio, del modelo de biblioteca de doble uso como solución a la falta de bibliotecas públicas en el medio rural que es donde habitualmente se pretenden implantar. En cualquier caso, las bibliotecas de doble uso no son en modo alguno, una solución técnica aceptable para municipios mayores de 2.000 habitantes, donde la existencia de una biblioteca pública municipal debe ser una exigencia básica” (Arroyo-Ortega, 2021).

[3] Disponible en: https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/Informe-2020-GT-Especial-atenci%C3%B3n-medio-rural.pdf [Consulta: 3 junio 2022]

[4] Disponible en: https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/Informe-2021-GT-Especial-atenci%C3%B3n-medio-rural.pdf [Consulta: 3 junio 2022]

6. Conclusiones

Aunque el modelo de biblioteca integrada o de doble uso no ha tenido la misma aceptación que en otros países más desarrollados bibliotecariamente, en España los primeros casos se dieron en 1869 con las bibliotecas populares concebidas por Manuel Ruiz Zorrilla y desarrolladas por José Echegaray. Por tanto, su antigüedad solo ha sido superada por tres países: Reino Unido, Suecia y Australia. En el primero el concepto de biblioteca integrada o joint-use library se remonta al año 1840 y a la figura de James Kay Shuttleworth que declaró que el lugar más idóneo para alojar las bibliotecas parroquiales eran los colegios (McNicol 2008). Dos años después, en Suecia también se optó por la misma opción cuando el rey Carlos XIV Juan y el parlamento aprobaron una ley que alentaba a todas las escuelas del país a establecer actividades de biblioteca (Hansson 2006). En Australia, el primer caso datado corresponde al año 1856, cuando el director de una escuela, cansado de que los habitantes del lugar no se interesaran por tener una biblioteca pública, decide abrir un aula por las tardes con sus propios libros traídos de casa (Bundy 2003).

Si bien es cierto que en la inmensa mayoría de las ocasiones los proyectos de bibliotecas integradas en España han surgido como consecuencia de periodos de cambio o de crisis económica, este modelo no debería implementarse simplemente desde la perspectiva del ahorro, puesto que los principales beneficios se establecen para el usuario: las colecciones se incrementan en cantidad y variedad, y los horarios y los servicios se amplían y diversifican (Mañà-Terré, Baró-Llambias 2007).

Pese a que María Moliner en su Proyecto de bases de un plan de organización general de bibliotecas del Estado menciona las localidades de menos de 1.000 habitantes para aplicar este tipo de bibliotecas y en las recomendaciones del Informe FESABID se habla de poblaciones de menos de 2.000 habitantes, no conviene perder de vista lo que sucede en otros países donde esta práctica se utiliza en ciudades que rondan los dos millones de habitantes (Eanes 2010). Ni tampoco lo que se infiere de los tres casos de bibliotecas joint-use más consolidadas en España y con un mayor grado de integración (Collado Villalba, Lorca y Talavera de la Reina). Los tres municipios cuentan con una población comprendida entre los 63.000 y 93.000 habitantes y sus bibliotecas integradas o de doble uso forman parte de la red municipal de bibliotecas.

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